Entre la transparencia y la opacidad

Omar Valverde

El pasado mes de junio se publicaron los resultados obtenidos por Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), en el rubro de transparencia para el ayuntamiento poblano. Las cifras mostraron que durante el periodo de Enrique Doger (2005-2008), se obtuvo un puntaje promedio de 66.94; en el caso de Blanca Alcalá (2008-2011), se subió un porcentaje considerable, alcanzando el 83.33; y durante los primeros 4 meses evaluados de la administración de Eduardo Rivera, el reporte revela que la calificación es de 89.5.

Si se observamos detenidamente, es un aumento considerable el que se ha logrado en materia de Transparencia, incluso estos resultados posicionan a Puebla como la ciudad más avanzada en este tema, llegando al primer lugar a nivel nacional. Las autoridades se han jactado de este logro, aunque ya en en el gobierno de Alcalá Ruiz se había alcanzado este sitio en el ranking, según el mismo documento.

¿Pero qué es este organismo?

Es un grupo formado por diversos sectores de la sociedad como empresas, universidades y asociaciones civiles, el cual pretende vigilar que los recursos públicos sean manejados eficientemente y con la transparencia obligatoria. Las tres áreas que CIMTRA vigila son información ciudadana, atención ciudadana y espacios de comunicación gobierno-ciudadanos. El reporte está integrado por 31 preguntas relacionadas con estos temas y se aplica desde el 2002 a nivel nacional y en Puebla se aplicó por primera vez en julio de 2007.

Hasta aquí todo bien. Pero a nivel estatal estos temas marchan muy distinto. El 22 del mismo mes, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reportó en un informe que la entidad se encuentra debajo de la media nacional en cuanto a transparencia se refiere. Las áreas que analiza este organismo son  normatividad, portales, usuario simulado y capacidades institucionales. Según una nota publicada en e-consulta.

Sergio López Ayllón, secretario general del organismo, dio a conocer también que la oficina del titular del Ejecutivo, las Secretarías de Seguridad Pública y
Salud, el Tribunal Superior, el Congreso del Estado y el Instituto Electoral Estatal, son los que más tiempo toman en responder las solicitudes de información, rebasando el mes para dar una respuesta.  Estas cifras son resultado de un estudio que abarca hasta el mes de diciembre de 2010, es decir, de la administración pasada; por lo que el CIDE ya trabaja en la nueva administración, que a decir de la ciudadanía, no ha avanzado en este rubro.

Para muestra un botón:

El 22 de julio, Selene Ríos Andraca, del Diario Cambio, publicó que “El gobierno morenovallista ocultará por siete años la información relativa a los gastos de las cuatro aeronaves de su propiedad, así como las arrendadas para el traslado del gobernador Rafael Moreno Valle y los funcionarios públicos, de acuerdo a la solicitud de información 00223311 presentada por esta casa editorial, bajo argumentos de seguridad”, hasta aquí la nota.

En cuanto a la transparencia municipal, el 22 de enero del presente año, se realizó una solicitud a través de INFOMEX (Sistema electrónico que gestiona las solicitudes de información), con folio 00293111, a través de la cual se solicitó un padrón de los negocios en funcionamiento, el giro al que se dedican
y la fecha y costo de apertura. La Tesorería negó parte de la información y sólo proporcionó algunos datos, esto, con la finalidad de salvaguardar información considerada como confidencial.

No obstante este tipo de acciones, el gobernador Rafael Moreno Valle ha declarado que en la entidad todavía hay pocas solicitudes de acceso a la información, por lo que hizo un exhorto a los diversos sectores de la sociedad para informarse de las tareas que su administración realiza a favor de los poblanos, todo esto en el marco de la firma del convenio realizada en el CIDE entre la CAIP, la BUAP y el gobierno estatal a fines de junio pasado.

Por su parte el alcalde Eduardo Rivera, ha reiterado que su administración se manejará con transparencia y los recursos así como la información, por mínima que sea, será puesta a disposición de la ciudadanía. No olvidemos que cuando la administración llegó, se tardaron un tiempo considerable en dar a conocer los salarios de los funcionarios y se hicieron públicos ante la insistencia de la prensa y otros sectores ciudadanos.

Es aquí donde se deben hacer modificaciones a la Ley de Acceso a la Información, pues por un lado se pretende que sea pública, pero por otro, se ponen trabas para darla a conocer. Una reforma que permita conocer toda la información sin reservas, con la consigna de que quien la solicite debe ser una persona que justifique al 100% la solicitud de los datos. De otro modo, la información pública nunca llegará a serlo.