Ana Escobar

Según informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los municipios de Quimixtlán y Chichiquila se encuentran entre los 10 más pobres del Estado de Puebla. Dichos municipios se ubican en la sierra madre oriental y tienen una larga historia de represión frente a la lucha social y de caciquismo oportunista frente a la rebelión popular. Tal es el caso de los campesinos de la comunidad de Huaxcaleca, perteneciente al municipio de Chichiquila, donde cientos de campesinos congregados en la UNA (Unión Nacional Anáhuac), desde 1997 mantienen una lucha constante contra las autoridades municipales y estatales por haberles despojado del sistema múltiple de Agua Potable.

Actualmente, estos municipios enfrentan una nueva tragedia: la incursión de la delincuencia organizada procedente el vecino estado de Veracruz. El 26 de noviembre un comando armado efectuó disparos con rifles de alto impacto en contra de elementos de las policías Federal, Estatal y Municipal, que montaban un retén en las inmediaciones de Chichiquila. Un agente federal fue acribillado y uno más resulto herido.

Por otra parte el pasado 8 de diciembre en la población de Ahuatla, perteneciente al municipio de Quimixtlán un grupo de hombres armados descendieron de seis vehículos para disparar contra los asistentes a un velorio de tres difuntos, según testigos, los delincuentes portaban rifles R-15 e incluso algunas granadas, dejando un saldo de dos muertos y tres lesionados, de los cuales dos fueron “levantados”, y hasta el momento de desconoce su paradero.

Ante estos hechos violentos y la circulación por las carreteras de vehículos sospechosos con gente armada a bordo, los pobladores de estos municipios se han autoimpuesto un toque de queda y la primera semana de enero del presente año, el Cabildo de Quimixtlán decidió suspender las reuniones sociales, así como las fiestas patronales, admitiendo que la policía municipal no tiene las armas ni la capacitación para poder enfrentar a la delincuencia organizada, ni tampoco están dispuestos a arriesgar a los elementos preventivos, por lo que dejan el control de la situación a las fuerzas especiales de los gobiernos estatal y federal.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, “por fin” reconoció que en Puebla hay presencia del crimen organizado, aunque aclaró que el nivel de violencia no se manifiesta como en otras entidades, y que la incursión de grupos criminales procedentes del estado de Veracruz es evidente dado el tránsito que tienen que hacer para llegar al altiplano, precisando que se ha encargado de reforzar la presencia del Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva, de Seguridad Pública del Estado e incluso de la Marina con la intención de detener a los delincuentes e inhibir su presencia y contaminación al estado.

Cabe mencionar que ese “tránsito que tienen que hacer los delincuentes para llegar al altiplano”, se ha visto favorecido con las obras realizadas por Mario Marín al final de su sexenio con la ampliación del camino tipo D de Chichiquila a Huaxcaleca, con un costo de 37.2 millones de pesos y la actual reconstrucción por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle de la carretera Guadalupe Victoria-Quimixtlán-Chichiquila, cuya inversión será de más de 30 millones de pesos.

Situación parecida, aunque con sus debidas dimensiones, es la del tan cacareado puente El Baluarte, obra que forma parte de la nueva autopista Durango-Mazatlán, y que obtuvo un Récord Guinness, por ser considerado el puente atirantado más alto del mundo, el cual fue inaugurado recientemente por Felipe Calderón en La Concordia, Sinaloa, una de las comunidades por las que atraviesa la mencionada autopista, ubicada en el llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico.

Conozco personalmente esa zona de la sierra madre oriental, y puedo afirmar que sus municipios huelen a hambre y pobreza, la población infantil presenta un alto nivel de desnutrición pues su alimentación consiste en tortillas con sal y agua hervida, misma que tienen que conseguir caminando varios kilómetros pues los caciques la tienen acaparada, sin que los gobiernos en turno den solución alguna a su demandas, y a cambio sigan siendo víctimas de la represión.

Esos municipios han sido completamente olvidados por los gobiernos estatal y federal y no cuentan con programas sociales que permitan a sus habitantes acceder a un desarrollo que les permita tener una vida digna.
La pregunta es ¿A quién realmente beneficia esa infraestructura carretera?